Desde temprano, el Congreso de la Nación se encuentra completamente vallado y custodiado por fuerzas federales. La Gendarmería, Prefectura y Policía Federal tomaron posiciones alrededor del Palacio Legislativo desde las 10 de la mañana, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich dispuso el bloqueo del tránsito en las calles aledañas.
El blindaje responde a la movilización convocada para las 16 horas, que incluye a jubilados, médicos residentes del Hospital Garrahan, el colectivo Ni Una Menos, investigadores del CONICET, estudiantes universitarios y familiares de personas con discapacidad. Aunque la marcha comenzará por la tarde, ya se agrupan manifestantes en las inmediaciones, lo que ha generado tensión con las fuerzas de seguridad, y legisladores de la oposición denunciaron presencia de efectivos de civil no identificados.
Dentro del Congreso, la tensión no es menor. La oposición intentará alcanzar quórum para avanzar con un temario que el Gobierno ya amenazó con vetar, en caso de ser aprobado. El núcleo de la discusión gira en torno a tres ejes de fuerte contenido social:
Se busca restituir por dos años la moratoria previsional que el Ejecutivo dejó vencer en marzo. Esta permitía acceder a la jubilación mínima a quienes no reunían los 30 años de aportes. Además, hay consenso para crear una Prestación Proporcional, que reconozca los años trabajados sin llegar al mínimo requerido.
También se discute un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una suba del bono mensual, actualmente congelado en $70.000. Las propuestas oscilan entre elevarlo a $105.000 (Encuentro Federal) o a $115.000 (UxP y FIT), con actualización por inflación.
Se impulsa la declaración de emergencia en discapacidad hasta fines de 2027, con una recomposición arancelaria, actualización por IPC, mejoras en el acceso a prestaciones, y ajuste en los nomencladores y pensiones no contributivas. Los familiares de personas con discapacidad ya se encuentran movilizados frente al Congreso.
La oposición buscará emplazar a las comisiones de Presupuesto y Familia para debatir la Ley de Emergencia Pediátrica y un blindaje financiero al Hospital Garrahan. También intentarán avanzar con proyectos para el financiamiento de las universidades públicas nacionales, en medio del sostenido reclamo por el ajuste presupuestario en la educación superior.